Jornadas de doce horas en el quiosco de prensa de la estación Newark Penn, vendiendo periódicos a quienes viajaban a Manhattan, muchos de ellos con destino al World Trade Center. Comida rápida al mediodía, cervezas frías al terminar el turno y, después, de regreso a un apartamento sombrío en Jersey City, la cena preparada en una cocina viejísima y películas de acción alquiladas en el videoclub del barrio. Como tantos otros inmigrantes, mandaban dinero a casa, a la India.
La mañana del 11 de septiembre de 2001, Mohammed Jaweed Azmath y Ayub Ali Khan salieron del aeropuerto de Newark rumbo a San Antonio. Su vuelo quedó en tierra en San Luis poco después de los atentados, de modo que compraron pasajes en un tren de Amtrak con destino a Texas. Llevaban consigo dos cúteres, tinte negro para el cabello y unos 5.600 dólares en efectivo. Declararon a las autoridades que iban a montar un puesto de fruta. El 12 de septiembre, la policía los hizo bajar del tren en Fort Worth.
La primera sospecha no fue de terrorismo. Habían sido perfilados como posibles narcotraficantes, porque habían pagado los billetes en efectivo justo antes de la salida y parecían nerviosos al ser interrogados. Quedaron detenidos por posibles infracciones migratorias y su apartamento de Jersey City fue registrado ese fin de semana.
Después, el inventario empezó a leerse de otra manera. El atestado de la detención divulgado por la policía de Fort Worth describía a ambos hombres como extremadamente nerviosos cuando los agentes se les acercaron. Los investigadores descubrieron que habían recibido transferencias de dinero. Y el FBI reparó en que llevaban el pelo muy corto y el cuerpo rasurado, lo que interpretó como un posible indicio de que se habían preparado para morir en un atentado como el que acababa de ocurrir.
Los cúteres eran las armas que supuestamente habían empleado los secuestradores y, en menos de una semana, The Washington Post publicaba los dos nombres, el efectivo, el tinte, las cuchillas. El 29 de septiembre, un artículo del Post firmado por Dan Eggen y Bob Woodward, parte de un conjunto de trabajos que ganaría el Premio Pulitzer de Reportaje Nacional de 2002, mencionaba su detención y citaba a una fuente anónima según la cual ambos hombres tenían formación como pilotos.
A ninguno de los dos se le imputó nada relacionado con el 11 de septiembre. En lugar de eso, permanecieron recluidos en un centro federal de detención de Manhattan en virtud de órdenes selladas de testigo material, y el FBI no ofreció prácticamente ninguna explicación pública sobre por qué concentraba en ellos tanta atención. Un antiguo compañero de piso, Rashed Mazhar, declaró públicamente ese fin de semana que los dos habían perdido su empleo en el quiosco de Newark y viajaban a San Antonio para buscar trabajo en una tienda de conveniencia, y que no eran terroristas.
Seis semanas después de la detención, el 26 de octubre de 2001, el presidente George W. Bush firmó la Ley Patriota. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, las autoridades emplearon después esos nuevos poderes en decenas de casos para mantener recluidos por tiempo indefinido a hombres en su mayoría árabes y musulmanes, muchos de ellos detenidos únicamente en calidad de testigos y nunca llevados en realidad ante un tribunal a declarar. Azmath y Khan, cuyo verdadero nombre se estableció más tarde como Syed Gul Mohammed Shah, fueron dos de ellos. Su calvario duraría catorce meses.
A finales de octubre de 2001, cuando llevaban ya seis semanas detenidos, seguían sin haber explicado sus desplazamientos a satisfacción de los investigadores. El FBI analizaba documentos incautados en su apartamento en busca de rastros de ántrax. Su compañero de piso en Jersey City, Mohammad Aslam Pervez, también estaba detenido: había trabajado en su día en Trenton y vivía cerca de la planta postal donde se procesaron las cartas con ántrax.
Según un relato de la investigación, a Azmath y Khan, junto con Zacarias Moussaoui y Nabil al Marabh, se les ofrecieron penas reducidas, dinero, empleo y nuevas identidades en Estados Unidos si colaboraban con la investigación de los atentados, y se les amenazó con inyectarles un suero de la verdad, identificado como pentotal sódico, o con trasladarlos.
Lo que los dos hombres ocultaban en realidad era algo menor y mucho más corriente. Habían conseguido sus pasaportes a través de un gestor corrupto. El verdadero nombre de Khan era Gul Mohammed Shah. Azmath se había atribuido más edad de la que tenía para obtener un visado, y su esposa, Tasleem Murad, paquistaní, no poseía la ciudadanía india. Murad declaró a The New York Times que su marido no era ni mucho menos el primero en mentir sobre su edad para conseguir un visado, que no tenía malas intenciones y que ya lo había pagado con creces.
El proceso penal que finalmente se sustanció no guardaba parecido alguno con el que el país había estado leyendo en la prensa. En el Distrito Sur de Nueva York, ante el juez Lawrence M. McKenna, una denuncia acusaba a Mohammed Azmath y a Syed Gul Shah, al amparo de una ley federal, de conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito. El abogado de Shah, Lawrence K. Feitell, solicitó que se excluyeran del proceso todas las declaraciones que su cliente había prestado ante agentes federales o estatales y todo lo incautado a él y en su apartamento. La resolución, cuando llegó, fue de doce meses y un día de prisión y tres años de libertad vigilada, por un solo cargo de tentativa de delito: conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito.
Azmath llegó a Hyderabad a las dos de la madrugada de un viernes de enero de 2003, absuelto de las acusaciones de terrorismo y condenado por el fraude. Tenía treinta y dos años. Dijo que se había añadido un par de años en el pasaporte para obtener el visado estadounidense y que el gestor que se lo tramitó estaba ahora él mismo en Estados Unidos. Describió cómo habían sido los interrogatorios. El FBI le mostró una licencia de vuelo y le dijo que era piloto y navegante. «Me dijeron que yo era uno de los que atacaron el WTC, que era de Egipto. Decían que podían hacer cualquier cosa y también conseguir mis fotografías y mi pasaporte de ese país», contó. Le aseguraron que nunca volvería a ver a su familia. «Decían que mi castigo por atacar el WTC sería la pena de muerte. Las luces de la prisión estaban encendidas las 24 horas, no me dejaban dormir y durante varios días me tuvieron a temperaturas heladas». Cuando le preguntaron qué haría a continuación, respondió que descansaría unos días y empezaría de nuevo desde cero.
Cinco meses después, en junio de 2003, la Comisión Judicial del Senado se reunió para examinar el informe del inspector general del Departamento de Justicia sobre los detenidos del 11 de septiembre. Los dos hombres del tren aparecieron en la transcripción como ejemplo de lo razonable que todo había parecido entonces: dos personas a las que se hizo bajar de un tren en Texas, con cúteres, betún para zapatos y una cantidad desmesurada de dinero, algo que, de entrada, simplemente resultaba sospechoso. El senador Patrick Leahy señaló que el informe del inspector general no había abordado en absoluto la situación de las personas recluidas bajo la figura del testigo material, y preguntó a Glenn Fine si pensaba examinar el trato dado a esa categoría de detenidos. Fine respondió que no se había abierto ninguna revisión de ese tipo, porque muchas de las investigaciones penales seguían en curso y muchos de los casos estaban sometidos a la supervisión de los tribunales. Leahy leyó además el juicio de un columnista según el cual el fiscal general debía disculpas a varios centenares de personas por haberlas retenido mucho más tiempo del necesario, y a casi la totalidad de los 762 detenidos por dar a entender que merecían ser tratados como terroristas. El fiscal general no asistió a la audiencia.