Jornadas de doce horas en el quiosco de prensa de la estación Newark Penn, vendiendo periódicos a quienes viajaban a Manhattan, muchos de ellos rumbo al World Trade Center. Comida rápida al mediodía, cervezas frías al terminar el turno y después el regreso a un departamento sombrío en Jersey City, la cena hecha en una cocina vieja y películas de acción alquiladas en el videoclub del barrio. Como tantos otros inmigrantes, mandaban dinero a su casa, a la India.
La mañana del 11 de septiembre de 2001, Mohammed Jaweed Azmath y Ayub Ali Khan salieron del aeropuerto de Newark con destino a San Antonio. Su vuelo quedó en tierra en St. Louis poco después de los atentados, así que compraron pasajes en un tren de Amtrak hacia Texas. Llevaban dos cúteres, tinte negro para el pelo y unos 5.600 dólares en efectivo. A las autoridades les dijeron que iban a abrir un puesto de frutas. El 12 de septiembre, la policía los bajó del tren en Fort Worth.
La primera sospecha no fue el terrorismo. Los habían tomado por posibles contrabandistas de droga, porque habían pagado los pasajes en efectivo justo antes de partir y parecían nerviosos al ser interrogados. Quedaron detenidos por posibles infracciones migratorias y ese fin de semana se registró su departamento de Jersey City.
Luego la lista de objetos empezó a leerse de otro modo. El informe de detención difundido por la policía de Fort Worth describía a los dos hombres como sumamente nerviosos cuando los agentes se les acercaron. Los investigadores descubrieron que habían recibido transferencias de dinero. Y el FBI reparó en que llevaban el pelo muy corto y el cuerpo rasurado, algo que interpretó como posible señal de que se habían preparado para morir en un ataque como el que acababa de ocurrir.
Se decía que los secuestradores de los aviones habían usado cúteres, y en menos de una semana The Washington Post publicaba los dos nombres, el efectivo, el tinte, los cuchillos. El 29 de septiembre, un artículo del Post firmado por Dan Eggen y Bob Woodward, parte de un conjunto de trabajos que ganaría el Premio Pulitzer de 2002 en periodismo nacional, mencionaba su detención y citaba a una fuente anónima según la cual ambos tenían formación como pilotos.
A ninguno se lo acusó de nada relacionado con el 11 de septiembre. En cambio, quedaron recluidos en un centro federal de detención de Manhattan bajo órdenes selladas de testigo material, y el FBI casi no explicó en público por qué se centraba tanto en ellos. Un excompañero de vivienda, Rashed Mazhar, declaró ese fin de semana que los dos habían perdido su trabajo en el quiosco de Newark y viajaban a San Antonio para buscar empleo en una tienda, y que no eran terroristas.
Seis semanas después de la detención, el 26 de octubre de 2001, el presidente George W. Bush firmó la Ley Patriota. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, las autoridades usaron esas nuevas facultades en decenas de casos para mantener detenidos de manera indefinida a hombres en su mayoría árabes y musulmanes, muchos arrestados solo como testigos y nunca llevados ante un tribunal a declarar. Azmath y Khan, cuyo verdadero nombre se estableció después como Syed Gul Mohammed Shah, fueron dos de ellos. Su calvario duraría catorce meses.
A fines de octubre de 2001, con seis semanas de detención, seguían sin explicar sus viajes de forma satisfactoria para los investigadores. El FBI analizaba documentos tomados de su departamento en busca de rastros de ántrax. También estaba detenido Mohammad Aslam Pervez, que compartía la vivienda con ellos: había trabajado en Trenton y vivía cerca de la instalación postal donde se procesaron las cartas con ántrax.
Según un relato de la investigación, a Azmath y Khan, igual que a Zacarias Moussaoui y Nabil al-Marabh, se les ofrecieron penas reducidas, dinero, trabajo e identidades nuevas en Estados Unidos si ayudaban con las pesquisas sobre los atentados, y se los amenazó con inyectarles un suero de la verdad, identificado como pentotal sódico, o con trasladarlos.
Lo que en realidad ocultaban era algo más pequeño y más corriente. Habían conseguido sus pasaportes por medio de un gestor corrupto. Khan se llamaba en verdad Gul Mohammed Shah. Azmath había declarado más edad de la que tenía para obtener una visa, y su esposa, Tasleem Murad, al ser pakistaní, no tenía ciudadanía india. Murad dijo a The New York Times que su marido no era, ni de lejos, el primero en mentir sobre su edad para conseguir una visa, que no tenía malas intenciones y que ya había pagado por ello.
La causa penal que finalmente apareció no se parecía en nada a la que el país había estado leyendo. En el Distrito Sur de Nueva York, ante el juez Lawrence M. McKenna, una denuncia acusó a Mohammed Azmath y a Syed Gul Shah, conforme a una ley federal, de conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito. El abogado de Shah, Lawrence K. Feitell, pidió anular todas las declaraciones que su cliente había dado a agentes federales o estatales y todo lo incautado a él y en su departamento. La resolución fue de doce meses y un día de prisión y tres años de libertad supervisada, por un solo cargo de tentativa de delito: conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito.
Azmath llegó a Hyderabad a las dos de la mañana de un viernes de enero de 2003, absuelto de las acusaciones de terrorismo y condenado por el fraude. Tenía treinta y dos años. Contó que se había puesto un par de años más en el pasaporte para obtener la visa estadounidense, y que el gestor que lo arregló estaba ahora él mismo en Estados Unidos. También describió los interrogatorios. El FBI le mostró una licencia de vuelo y le dijo que era piloto y navegante. «Me dijeron que yo era uno de los que atacaron el WTC, que era de Egipto. Dijeron que podían hacer cualquier cosa y también conseguir mis fotografías y mi pasaporte de ese país», contó. Le dijeron que nunca volvería a ver a su familia. «Dijeron que mi castigo por atacar el WTC sería la pena de muerte. Las luces de la prisión estaban encendidas las 24 horas, no me dejaban dormir y durante varios días me mantuvieron a temperaturas bajo cero.» Cuando le preguntaron qué haría a continuación, respondió que descansaría unos días y empezaría todo de nuevo.
Cinco meses después, en junio de 2003, el Comité Judicial del Senado se reunió para examinar el informe del Inspector General del Departamento de Justicia sobre los detenidos del 11 de septiembre. Los dos hombres del tren aparecieron en la transcripción como ejemplo de lo razonable que todo había parecido entonces: dos personas bajadas de un tren en Texas, con cúteres, betún para zapatos y una cantidad desmedida de dinero, algo que a primera vista resultaba sospechoso. El senador Patrick Leahy señaló que el informe no había examinado en absoluto a las personas retenidas bajo la ley de testigo material, y preguntó a Glenn Fine si pensaba investigar el trato dado a ese grupo de detenidos. Fine respondió que no se había abierto ninguna revisión, porque muchas investigaciones penales seguían en curso y muchos casos estaban bajo supervisión judicial. Leahy leyó además el juicio de un columnista según el cual el fiscal general debía disculpas a varios cientos de personas por haberlas retenido mucho más tiempo del necesario, y a casi todos los 762 detenidos por insinuar que merecían ser tratados como terroristas. El fiscal general no asistió a la audiencia.