La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz
Cuando Navi Pillay supo que había ganado el Premio Nobel de la Paz, lo primero que pensó fue que debía de tratarse de una broma. «Como abogada y jueza, todavía quiero comprobarlo», dijo la sudafricana de 85 años, cuya carrera la ha llevado de defender a opositores al apartheid en Durban a ocupar el estrado en tres tribunales internacionales.
La noticia era cierta. El viernes 9 de octubre de 2026, el Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que el premio sería para Navanethem «Navi» Pillay «por sus esfuerzos en favor de la paz y del derecho internacional». Fue elegida entre más de 280 candidatos. Pocas horas después, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, donde ella había sido jueza.
El comité la describió como «una de las juristas más valientes e importantes de nuestro tiempo» y afirmó que el galardón llegaba en un momento en que «el sistema del derecho internacional está sometido a una presión enorme y sus instituciones están siendo atacadas». Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, señaló que Pillay había sido «decisiva para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean juzgados». Al anunciar el premio, trazó una línea a lo largo de su vida profesional: «Un mismo hilo une su primera etapa, cuando defendía a Nelson Mandela y a otras personas que se alzaron contra el apartheid, con su labor como jueza en algunos de los procesos internacionales más importantes de nuestro tiempo».
Esa línea arranca en Clairwood, en Durban, donde Pillay nació el 23 de septiembre de 1941 en una familia de ascendencia tamil india. A los diez años escribió una redacción escolar sobre cómo los tribunales sudafricanos imponían a los negros penas más duras que a los blancos. Como no tenía acceso a la radio ni a los periódicos, construyó el argumento con lo que había oído a sus padres y a sus maestros. Las donaciones de la comunidad india local ayudaron a pagar sus estudios en la Universidad de Natal, donde se licenció en Humanidades en 1963 y en Derecho en 1965, en un campus en el que la mayoría de las clases y de las ceremonias de graduación estaban segregadas.
Se formó con Narainsamy Thumbi «N.T.» Naicker, un miembro proscrito del Congreso Nacional Africano. Naicker pasaba largas temporadas bajo arresto domiciliario y recurría a la joven Pillay para que representara a sus clientes ante los tribunales. En 1967 se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir su propio bufete en la provincia de Natal. Según ha contado, no tenía otra opción: «Ningún bufete me contrataba, porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo órdenes de una persona de color». Como abogada no blanca bajo el apartheid, tenía prohibido entrar en el despacho de un juez.
Durante 28 años defendió a activistas del Congreso Nacional Africano, del Movimiento de Unidad, del Movimiento de la Conciencia Negra y de Azapo, y contribuyó a sacar a la luz las torturas y las pésimas condiciones de los presos políticos. Más tarde estudió en Harvard, donde obtuvo un máster en Derecho en 1981 y un doctorado en 1988. En 1995 fue nombrada para el Tribunal Superior de Sudáfrica, la primera mujer no blanca en ejercer allí como jueza.
Ese mismo año, el presidente Nelson Mandela y su ministro de Justicia, Dullah Omar, la propusieron para un puesto en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Sirvió en él durante ocho años, cuatro de ellos como presidenta, y durante los cuatro primeros fue la única mujer en el estrado.
El tribunal, con sede en Arusha, Tanzania, tuvo mala fama en sus primeros años. El diario neerlandés Algemeen Dagblad informó en su momento de que se había hecho conocido sobre todo por su lentitud y su desorganización: al cabo de cuatro años se había detenido a 31 sospechosos y solo cinco estaban siendo juzgados. Entonces, el 2 de septiembre de 1998, el tribunal declaró a Jean-Paul Akayesu culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Akayesu había sido alcalde de la comuna de Taba durante el genocidio. Fue condenado por nueve de los quince cargos que se le imputaban, entre ellos asesinato, violación y tortura, y se trató de la primera condena por genocidio dictada jamás por un tribunal internacional.
Pillay formaba parte del tribunal. El caso sentó un precedente internacional: estableció que la violación y la agresión sexual podían constituir actos de genocidio. Muchas mujeres tutsis se habían refugiado en Taba, y el tribunal concluyó que Akayesu había ordenado a una milicia que atacara y violara a mujeres civiles. Fue además la primera vez que un tribunal de este tipo condenaba a una persona por violación como crimen de lesa humanidad, un paso que abrió el camino a una mayor rendición de cuentas por crímenes que se cometen de forma desproporcionada contra mujeres y niñas. En una entrevista, Pillay explicó el alcance de la sentencia: «Desde tiempos inmemoriales, la violación se ha considerado botín de guerra. Ahora se considerará un crimen de guerra. Queremos enviar una señal clara de que la violación ya no es un trofeo de guerra».
Su labor en Ruanda atrajo la atención de las defensoras de los derechos de las mujeres que estaban dando forma a la nueva Corte Penal Internacional, y, una vez constituida la corte, Pillay fue una de sus primeras juezas. Fue elegida para la Sala de Apelaciones en 2003 y dimitió en 2008 para convertirse en Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ocupó ese cargo hasta 2014, la primera mujer del Sur global en hacerlo. En lugar de resolver casos, tenía ahora que convencer a los gobiernos de que cumplieran sus obligaciones, en plena Primavera Árabe y guerra civil en Siria.
Su trabajo más reciente ha sido también el más polémico. Presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, un órgano que no habla en nombre de la ONU. En septiembre de 2025, la comisión determinó que Israel había cometido genocidio durante la guerra de Gaza. Israel ha rechazado la acusación. Críticos como el Jerusalem Center for Public Affairs han calificado de antisemitas algunos de sus comentarios sobre el conflicto. Actualmente es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio.
En Sudáfrica, el premio se recibió como un motivo de orgullo nacional. Pillay es la quinta persona sudafricana en obtenerlo, después de Albert Luthuli en 1960, Desmond Tutu en 1984 y Nelson Mandela y F. W. de Klerk en 1993, y la primera mujer del país. Na’eem Jeenah, investigador principal del Mapungubwe Institute for Strategic Reflection, lo calificó de «un honor no solo para Sudáfrica, sino para toda África, un continente que lidia con sus propios conflictos y violaciones del derecho internacional». Dijo que no creía que el premio fuera a cambiar la situación de los palestinos, pero que «se suma al conjunto de pruebas morales y jurídicas contra Israel».
También el comité habló de lo desigual que resulta la aplicación del derecho internacional y de la capacidad de los Estados y los dirigentes poderosos para eludir su responsabilidad. La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, afirmó que «en un momento de profundos desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento tiene un significado especial».
Al terminar ese mismo día, la corte que ella había ayudado a construir se enfrentaba a las sanciones más amplias impuestas hasta entonces por el Gobierno del presidente Donald Trump. Washington ya había sancionado a fiscales y jueces de la corte; esta vez, las medidas podían castigar también a las empresas que prestan servicios a la propia institución. «El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses», declaró en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. La fiscal adjunta de la corte, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y aseguró que no detendrían el trabajo del tribunal.