La jueza sudafricana Navi Pillay recibe el Premio Nobel de la Paz
Cuando Navi Pillay se enteró de que había ganado el Premio Nobel de la Paz, lo primero que pensó fue que se trataba de una broma. «Como abogada y jueza que soy, todavía quiero comprobarlo», dijo esta sudafricana de 85 años. Su carrera la ha llevado desde Durban, donde defendía a quienes se oponían al apartheid, hasta los estrados de tres tribunales internacionales.
No era ninguna broma. El viernes 9 de octubre de 2026, el Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que el premio sería para Navanethem «Navi» Pillay «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional». La eligió entre más de 280 candidatos. Pocas horas después, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, el mismo tribunal en el que ella había trabajado como jueza.
El comité la describió como «una de las juristas más valientes e importantes de nuestro tiempo». Añadió que el premio llegaba en un momento en que «el sistema de derecho internacional está sometido a una presión enorme y sus instituciones están siendo atacadas». Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, afirmó que Pillay había sido «fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean juzgados». Al anunciar el premio, Frydnes resumió su trayectoria como un camino continuo: «Un mismo hilo conductor une su primer trabajo, cuando defendía a Nelson Mandela y a otras personas que se enfrentaron al apartheid, con su labor como jueza en algunos de los procesos internacionales más importantes de nuestro tiempo».
Ese camino empieza en Clairwood, un barrio de Durban. Allí nació Pillay el 23 de septiembre de 1941, en una familia de origen tamil de la India. A los diez años escribió una redacción escolar sobre un hecho que ya le parecía injusto: en los tribunales sudafricanos, las personas negras recibían penas más duras que las blancas. Como no tenía acceso a la radio ni a los periódicos, construyó su argumento con lo que había oído decir a sus padres y a sus profesores. Gracias a las donaciones de la comunidad india de la ciudad, pudo pagar sus estudios en la Universidad de Natal. Allí obtuvo una licenciatura en Letras en 1963 y la licenciatura en Derecho en 1965. En aquel campus, la mayoría de las clases y de las ceremonias de graduación estaban separadas por raza.
Se formó con Narainsamy Thumbi «N.T.» Naicker, un miembro del Congreso Nacional Africano al que el Gobierno había prohibido toda actividad política. Naicker pasaba largas temporadas bajo arresto domiciliario, así que dependía de la joven Pillay para que representara a sus clientes ante los tribunales. En 1967 ella se convirtió en la primera mujer no blanca que abrió su propio despacho de abogados en la provincia de Natal. Según ha contado, no tenía otra opción: «Ningún bufete quería contratarme, porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo órdenes de una persona de color». Como abogada no blanca durante el apartheid, ni siquiera podía entrar en el despacho de un juez.
Durante 28 años defendió a activistas del Congreso Nacional Africano, del Movimiento de Unidad, del Movimiento de Conciencia Negra y de Azapo. También ayudó a sacar a la luz las torturas y las malas condiciones que sufrían los presos políticos. Más tarde estudió en Harvard, donde obtuvo un máster en Derecho en 1981 y un doctorado en 1988. En 1995 fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Era la primera mujer no blanca que llegaba a ese cargo.
Ese mismo año, el presidente Nelson Mandela y su ministro de Justicia, Dullah Omar, la propusieron para un puesto en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este tribunal se había creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Pillay trabajó allí durante ocho años, cuatro de ellos como presidenta. En los primeros cuatro años fue la única mujer entre los jueces.
El tribunal, con sede en Arusha, en Tanzania, tuvo mala fama en sus primeros años. Según informó entonces el periódico neerlandés Algemeen Dagblad, era conocido sobre todo por su lentitud y su mala organización. Después de cuatro años, se había detenido a 31 sospechosos, pero solo cinco estaban siendo juzgados. Todo cambió el 2 de septiembre de 1998, cuando el tribunal declaró a Jean-Paul Akayesu culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Akayesu había sido alcalde del municipio de Taba durante el genocidio. Fue condenado por nueve de los quince cargos que se le imputaban, entre ellos asesinato, violación y tortura. Era la primera vez en la historia que un tribunal internacional dictaba una condena por genocidio.
Pillay formaba parte del tribunal que juzgó el caso, y la sentencia sentó un precedente internacional: estableció que la violación y las agresiones sexuales podían constituir actos de genocidio. Muchas mujeres tutsis se habían refugiado en Taba, y el tribunal concluyó que Akayesu había ordenado a un grupo de milicianos que atacaran y violaran a mujeres civiles. También fue la primera vez que un tribunal de este tipo condenaba a una persona por violación como crimen de lesa humanidad. Este paso abrió el camino para exigir más responsabilidades por unos crímenes que sufren sobre todo las mujeres y las niñas. En una entrevista, Pillay explicó el significado de la sentencia: «Desde tiempos inmemoriales, la violación se ha considerado un botín de guerra. A partir de ahora se considerará un crimen de guerra. Queremos enviar un mensaje claro: la violación ya no es un trofeo de guerra».
Su trabajo en Ruanda llamó la atención de las defensoras de los derechos de las mujeres que estaban participando en la creación de la nueva Corte Penal Internacional. Cuando la Corte empezó a funcionar, Pillay fue una de sus primeras juezas. En 2003 fue elegida para la sala de apelaciones, y en 2008 dimitió para convertirse en Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ocupó ese puesto hasta 2014. Fue la primera mujer del Sur global en ejercerlo. Su tarea ya no consistía en decidir casos, sino en convencer a los Gobiernos de que cumplieran sus obligaciones, en plena Primavera Árabe y durante la guerra civil de Siria.
Su trabajo más reciente ha sido también el más polémico. Presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, un organismo que no habla en nombre de las Naciones Unidas. En septiembre de 2025, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio durante la guerra de Gaza. Israel ha rechazado la acusación. Algunos críticos, como el Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos, han calificado de antisemitas algunos de sus comentarios sobre el conflicto. Actualmente es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio.
En Sudáfrica, el premio se recibió con orgullo nacional. Pillay es la quinta persona sudafricana que lo gana, después de Albert Luthuli en 1960, Desmond Tutu en 1984 y Nelson Mandela y F. W. de Klerk en 1993. Es, además, la primera mujer sudafricana galardonada. Na’eem Jeenah, investigador principal del Instituto Mapungubwe de Reflexión Estratégica, lo calificó de «un honor no solo para Sudáfrica, sino para toda África, un continente que lucha contra sus propios conflictos y sus propias violaciones del derecho internacional». Dijo que no creía que el premio fuera a cambiar la situación de los palestinos, pero que «se suma al conjunto de pruebas morales y jurídicas contra Israel».
El comité también habló de lo desigual que resulta la aplicación del derecho internacional, y de cómo los Estados y los líderes poderosos consiguen eludir sus responsabilidades. La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, declaró que «en un momento de profundos desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho, este reconocimiento tiene un significado especial».
Antes de que terminara ese mismo día, la Corte que Pillay había ayudado a construir recibió las sanciones más amplias hasta la fecha del Gobierno del presidente Donald Trump. Washington ya había sancionado antes a fiscales y jueces de la Corte. Esta vez, las medidas también podían castigar a las empresas que prestan servicios a la propia institución. «El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses», afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Marco Rubio. La fiscal adjunta de la Corte, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y aseguró que no impedirían que el tribunal siguiera trabajando.