Era viernes por la mañana en Santiago de Chile. En el edificio de Morandé 440 trabaja el Conservador de Bienes Raíces, una oficina pública que guarda los papeles de las casas y los terrenos. Carlos Miranda, de 60 años, llegó temprano. Tenía un miedo: ver a su antiguo jefe en su escritorio, como siempre.
El antiguo jefe se llama Luis Maldonado Croquevielle. Tiene 81 años. Dirigió esa oficina casi 30 años. Pero su trabajo terminó la noche anterior, a las 23:59, por una nueva ley.
Ese viernes llegaron dos fiscales judiciales, Javiera González y Jorge Norambuena. Hablaron con Miranda. Después caminaron por los pisos y pidieron el carné a los trabajadores. A las diez y media llegó Maldonado. Caminó por el primer piso y saludó a sus antiguos empleados. También vio a los fiscales. Cuando pasó cerca de Miranda, los dos hombres no se saludaron.
La nueva ley empezó el 2 de abril de 2026. Antes, estos puestos eran para toda la vida. Ahora la edad máxima es 75 años.
Maldonado empezó en esta oficina en 1997. Ganaba mucho dinero: unos 150 millones de pesos al mes. También dio trabajo a su familia. En 2022, unos informes contaron quince familiares y amigos en la institución. La nueva ley prohíbe eso.
Maldonado no quería irse. Fue a los tribunales dos veces, pero no ganó.
Ese mismo viernes, 35 personas mayores de 75 años dejaron su trabajo en todo el país. La edad media era 81 años. Alfonso Barrientos, de Los Andes, tiene 96 años. Las oficinas no cierran.
Miranda escribió un mensaje a los trabajadores. Les pidió trabajar con calma y con respeto.