El edificio de Morandé 440, en Santiago, abrió el viernes por la mañana como cualquier otro día, salvo por un detalle: el hombre que había dirigido durante casi tres décadas el Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Aguas ya no debía estar adentro. Carlos Miranda, de sesenta años, conservador de Hipotecas y Gravámenes, llegó temprano con una preocupación concreta: temía encontrar a Luis Maldonado Croquevielle en su escritorio, trabajando como si nada hubiera cambiado. Maldonado había cumplido una jornada completa el jueves y se había marchado por la tarde sin decir nada a nadie. Miranda ya había avisado a los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago, de modo que ese viernes dos de ellos, Javiera González y Jorge Norambuena, se instalaron en el edificio, se reunieron con Miranda y recorrieron piso por piso llamando nombres y pidiendo las cédulas de identidad a los funcionarios. Cerca de las diez y media, Maldonado entró. Dio una vuelta por el primer piso, saludó a quienes hasta la tarde anterior habían sido sus empleados y se topó con los fiscales. Cuando se cruzó con Miranda, según relataron personas del propio conservador, los dos hombres no se saludaron.
Tenía ochenta y un años y sus funciones habían cesado formalmente a las 23:59 de la noche anterior, en virtud de la Ley 21.772. Su presencia en las oficinas no permitía establecer, por sí sola, si firmó algo o realizó alguna actuación propia del cargo después de esa hora.
Esa ley es la razón de toda la escena. Reformó el sistema notarial y registral chileno, entró en vigor el 2 de abril de 2026 y resolvió algo que el país había discutido durante décadas sin resultado: terminó con el carácter vitalicio de estos cargos y fijó un límite de edad de setenta y cinco años para notarios, conservadores y archiveros. Los nuevos titulares serán seleccionados mediante concursos públicos a cargo de la Dirección Nacional del Servicio Civil, y no por el antiguo camino de las entrevistas y las ternas.
Maldonado comenzó su carrera registral en Santa Cruz, donde su familia tenía tierras cerca, y asumió ese conservador en 1979. En 1983 pasó a Rancagua. En 1997 murió Herman Chadwick Valdés, conservador de Santiago por más de veinte años, y quedó vacante el cargo más codiciado del país. Maldonado nunca ocultó cómo lo consiguió: en 2001 reconoció abiertamente que había hecho un intenso trabajo de convencimiento con cada ministro de la Corte de Apelaciones. Superó al notario de Melipilla y al de Valparaíso, aunque él prefería destacar su trayectoria y su calificación de 6,95. Fue el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle quien lo llamó por teléfono para avisarle. Asumió el 16 de diciembre de 1997. En los pasillos de tribunales se comentaba que el cargo había quedado en manos del hijo de un exministro de la Corte Suprema y hermano de una jueza de la corte santiaguina. Su declaración de patrimonio e intereses registra veintinueve propiedades, entre ellas una casa en Vitacura avaluada en cerca de mil millones de pesos.
El conservador le reportaba unos ciento cincuenta millones de pesos mensuales. Era conocido como uno de los llamados Inmortales, y las críticas que lo persiguieron no apuntaban tanto al dinero como a quiénes trabajaban para él. Hace pocos meses contrató a su nieto, el arquitecto Agustín Palacios Maldonado, en la sección de planos; cuando surgieron las preguntas, se respondió que el joven estaba con permiso sin goce de sueldo. Investigaciones periodísticas detectaron en la estructura interna de la oficina a hijos, sobrinos, una nuera, una expareja de una de sus hijas, un ahijado y personas cercanas a sus amistades. En 2022 se identificaron al menos quince parientes o amigos suyos empleados en la institución. En 2023, la unidad de investigación de Radio Bío Bío documentó que en la planilla también figuraban familiares de miembros del Poder Judicial, de parlamentarios y de notarios: una red de vínculos que, según los especialistas consultados entonces, servía para proteger los cargos más apetecidos del mundo auxiliar de la justicia. El reclamo de fondo era siempre el mismo: son funciones públicas y sus titulares dan fe de actos legales, pero operaban con estándares de transparencia muy inferiores a los exigidos al resto del Estado.
La nueva ley cierra esa puerta: notarios, archiveros y conservadores no pueden emplear en sus oficinas a parientes directos, cónyuges ni parientes colaterales hasta el tercer grado, y tampoco puede ser nombrado quien tenga vínculos familiares o matrimoniales con autoridades como el Presidente, ministros, parlamentarios, el Fiscal Nacional o funcionarios judiciales.
Maldonado peleó hasta el final. El Ministerio de Justicia decretó su remoción en julio y él intentó frenarla con un recurso de protección económica, declarado inadmisible, y luego con una denuncia por discriminación arbitraria. Ninguno cambió la fecha. Su último intento fue más discreto: el 19 de marzo presentó una lista con tres abogados como posibles reemplazantes y pidió a la Corte de Apelaciones aclarar cómo debían designarse los interinos. El informe entregado al pleno fue tajante: la nómina presentada por el conservador no debía considerarse. Producida la vacancia, correspondía nombrar un interino a propuesta del fiscal judicial respectivo y, mientras eso no ocurriera, la oficina seguiría funcionando por subrogación. Por eso era Carlos Miranda quien llegaba temprano ese viernes.
Ese mismo día dejaron sus cargos treinta y cinco notarios, conservadores y archiveros mayores de setenta y cinco años, con decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario, Luis Silva. Su edad promedio era de ochenta y un años, y la lista recorre todo el país: incluye a Alfonso Barrientos, conservador y archivero de Los Andes, de noventa y seis. Las oficinas no cierran; los interinos las cubren mientras se realizan los concursos.
En un mensaje a los funcionarios, Miranda los invitó a seguir trabajando con calma y responsabilidad y prometió un esfuerzo compartido en un clima de respeto y confianza mutua. Detrás de esa calma hay una aritmética: como único titular que queda, recibirá las utilidades de tres conservadores, lo que podría significar cerca de trescientos millones de pesos al mes mientras el Servicio Civil, dirigido por Pedro Lea-Plaza, no abra el concurso para reemplazar a Maldonado y al exconservador Kamel Saquel. La institución ya tiene listos todos los perfiles de cargo. Que el nuevo sistema llegue pronto depende ahora de cuándo diga que sí.