La jueza sudafricana Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz
Cuando Navi Pillay se enteró de que había ganado el Premio Nobel de la Paz, lo primero que pensó fue que se trataba de una broma. «Como abogada y jueza, todavía quiero comprobarlo», dijo la sudafricana, de 85 años, cuya carrera la ha llevado desde la defensa de los opositores al apartheid en Durban hasta los estrados de tres tribunales internacionales.
La noticia era cierta. El viernes 9 de octubre de 2026, el Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que el premio era para Navanethem «Navi» Pillay «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional». Fue elegida entre más de 280 candidatos. Pocas horas después, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, donde ella había trabajado como jueza.
El comité la describió como «una de las expertas jurídicas más valientes e importantes de nuestro tiempo» y afirmó que el premio llegaba en un momento en que el sistema del derecho internacional sufre una enorme presión y sus instituciones están bajo ataque. Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, destacó que Pillay había sido clave para que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio fueran juzgados.
Su historia comienza en Clairwood, un barrio de Durban, donde nació el 23 de septiembre de 1941 en una familia de origen tamil de la India. Con diez años escribió una redacción escolar sobre cómo los tribunales sudafricanos castigaban a los negros con penas más duras que a los blancos. Como no tenía acceso a la radio ni a los periódicos, construyó su argumento con lo que había oído a sus padres y profesores. Gracias a donaciones de la comunidad india local, pudo estudiar en la Universidad de Natal, donde se licenció en Derecho en 1965, en un campus donde la mayoría de las clases estaban segregadas por raza.
Se formó con N.T. Naicker, un miembro del Congreso Nacional Africano que estaba prohibido por el régimen y que pasaba largos periodos bajo arresto domiciliario, por lo que la joven Pillay acudía a los tribunales en su lugar. En 1967 se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir su propio despacho de abogados en la provincia de Natal. Según ella, no tenía otra opción: ningún bufete quería contratarla porque no podían tener empleados blancos recibiendo órdenes de una persona de color. Durante 28 años defendió a activistas contra el apartheid y ayudó a denunciar las torturas que sufrían los presos políticos. En 1995 llegó al Tribunal Superior de Sudáfrica, como la primera mujer no blanca en ocupar el cargo de jueza allí.
Ese mismo año, el presidente Nelson Mandela la propuso para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado para juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Trabajó allí ocho años, cuatro de ellos como presidenta. El tribunal, con sede en Arusha, Tanzania, tenía al principio fama de lento y desorganizado. Pero el 2 de septiembre de 1998 declaró a Jean-Paul Akayesu culpable de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Akayesu había sido alcalde de la comuna de Taba durante el genocidio, y fue la primera condena por genocidio dictada por un tribunal internacional.
Pillay era una de las juezas del caso, que sentó un precedente: estableció que la violación y la agresión sexual podían ser actos de genocidio. El tribunal comprobó que Akayesu había ordenado a una milicia violar a las mujeres tutsis que se habían refugiado en Taba. En una entrevista, Pillay explicó el significado de la sentencia: «Desde tiempos inmemoriales, la violación se ha considerado un botín de guerra. Ahora será considerada un crimen de guerra».
Después fue una de las primeras juezas de la Corte Penal Internacional, hasta que en 2008 la dejó para convertirse en Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ocupó ese puesto hasta 2014, en los años de la Primavera Árabe y la guerra civil en Siria.
Su trabajo más reciente ha sido también el más polémico. Presidió una comisión de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, que en septiembre de 2025 concluyó que Israel había cometido genocidio durante la guerra de Gaza. Israel ha negado la acusación. Hoy es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso en que Myanmar está acusado de genocidio.
En Sudáfrica, el premio se celebró como un motivo de orgullo nacional. Pillay es la quinta persona del país en recibirlo, después de Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela y F. W. de Klerk, y la primera mujer sudafricana. La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, afirmó que, en un momento de profundos desafíos para el orden jurídico internacional, este reconocimiento tiene un significado especial.
Sin embargo, al final de ese mismo día, la corte que ella había ayudado a construir se enfrentaba a las sanciones más amplias hasta ahora del Gobierno de Donald Trump. Washington ya había sancionado a sus fiscales y jueces, pero esta vez las medidas también podían castigar a las empresas que prestan servicios a la propia corte. «El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio. La fiscal adjunta de la corte, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y aseguró que no detendrían el trabajo del tribunal.